Justicia para erizos; la paradoja del Congreso

Realidad y ficción, simples coincidencias

Un hombre no será digno de sí mismo si en el momento cumbre de su vida elige su justicia sobre la del resto; si prefiere el bien inmediato sobre el bien perpetuo; si escoge el fin sobre los medios. Ronald Dworkin en su libro la “Justicia para erizos” entrelaza un cumulo de ideas sobre la moral, la verdad y la justicia.

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En dicho texto, hay dos interrogantes que sirven para abrir estas reflexiones: ¿Cómo podemos pensar, sin dar muestras de una pasmosa arrogancia, que tenemos razón y los otros están sencillamente equivocados? Y ¿Desde qué perspectiva neutral podría la verdad, finalmente someterse a prueba y determinarse?

Desde hace varios meses el gobierno actual, tanto el ejecutivo como el legislativo vienen pregonando entre los pasillos de sus oficinas y de los medios de comunicación que los corruptos deberán pagar. Esta bandera es una de las causas que los convirtió en gobernantes. Pero antes eran acusadores, ¿es posible que ante tal condición ahora sean jueces?

La galantería de repetir que el 4 de junio el pueblo los eligió para un cambio se desvanece cuando de los discursos no se pasa a los hechos. Se puede repetir mil veces que hay cambio, pero se les olvida que los enunciados representan a los hechos, y no al contrario. El que lo digan mil veces no significa que las cosas cambiaron. Cometen el mismo error del Poder Judicial local con su frase “Soy legal”, como si la realidad de los juzgados se basara en aquella máxima mexicana que reza: ¡repite una mentira mil veces y se convertirá en verdad! Difícilmente encontrará, mi querido lector, un juez que conozca de cabo a rabo las figuras jurídicas, y en algunos casos, se llega al extremo que los jueces y secretarios no saben leer ni escribir bien. ¡Así las cosas!

¿Si el Poder Judicial no ha cambiado nada con su frase, por qué lo haría el nuevo gobierno?

Este gobierno llegó condicionado por sí mismo, nadie lo hizo por ellos, ni siquiera la sociedad, que sumisa en su calidad de súbditos calla y soporta las tragedias de sus gobernantes. 

He aquí la paradoja del Congreso de Nayarit: ¿Debe darle justicia a los injustos? Para poder responder a esta interrogante, Dworkin describe que “ningún gobierno será legítimo si no adhiere a dos principios imperantes. Primero, debe mostrar igual consideración por el destino de todas y cada una de las personas sobre las que reclama jurisdicción. Segundo, debe respetar plenamente la responsabilidad y el derecho de cada persona a decidir por sí misma cómo hacer de su vida algo valioso.”

El error de todo gobierno justiciero consiste en imponer sus ideas y banalidades, así como elegir a las personas y las formas para aplicarles la ley: justicia selectiva. Por lo regular escogen al villano favorito, y pretenden que su fin justifique los medios.

Por ello el Congreso debe tener diligencia, estatura, elegancia, decencia y principalmente guiarse por dos principios rectores de todo buen juez: prudencia y sabiduría.

En el caso del Congreso vs Roy Rubio se requiere de especialistas en materia administrativa, parlamentaria, constitucional y de amparo, porque es bueno saber leer, pero es mejor saber leer bien. Según Dworkin, Isaiah Berlin hizo famoso un verso del poeta griego Arquíloco: “El zorro sabe muchas cosas; el erizo sabe una, pero grande”. Por eso, cuando eliges una batalla debes considerar a tus mejores guerreros, a los más aptos; debes saber cuándo escoger entre un zorro y un erizo.

En este caso particular, algunos abogados y asesores sostienen que las resoluciones del Congreso son inatacables y no procede el amparo. Para sostener este argumento se basan en diversas tesis de los tribunales federales; sin embargo, cabe aclarar, que el nombramiento y remoción del auditor tiene un origen constitucional, y existe en ambos casos un procedimiento específico que contiene diversas etapas, es decir, la facultad para nombrar o removerlo está reglamentada; por tanto, no es una facultad discrecional del Congreso, sino que contrario a ello, estas decisiones, como ya lo ha dicho la Corte, deben ceñirse a las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación para dar certeza a la sociedad de la legalidad del procedimiento sustanciado.

Ante esto, nace una disyuntiva parlamentaria que puede viciar el procedimiento administrativo, que todo aquel diputado, según la propia normativa del congreso, no puede votar en aquellos asuntos en los que haya sido iniciador, o tenga algún interés; y en este caso, varios diputados fueron observados por el propio auditor; sin olvidar que previo al procedimiento de remoción manifestaron expresamente su interés por removerlo, es decir, que no pueden ser jueces si previamente fueron acusadores; por lo que están impedidos para votar en comisiones o en pleno respecto a este asunto.

Por lo pronto, desde el punto de vista constitucional, administrativo y político el asunto reviste vital importancia. La mayoría del Congreso propagó en su discurso que antes había procedimientos ilegales y personas improvisadas en puestos de relevancia, y si el 4 de junio se votó por un cambio, tal vez podrían iniciar NO haciendo lo mismo.

El zorro puede ser audaz y atrevido, operar y ejecutar bien las órdenes, pero para ciertas batallas, incluso el zorro, debe dejarse guiar por el erizo.