No hay claridad ni del organismo ni de la CONAGUA respecto al modo en que se restablecerá el flujo hidrológico del estero y el arroyo

Sigue en el aire la resolución del conflicto por obras presuntamente ilegales que realizó Inmobiliaria San Pancho en el humedal contiguo al poblado de San Francisco, en la Riviera Nayarit. Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente visitó el estero el pasado 25 de febrero, y no dejó satisfechos ni a los constructores ni a los vecinos que demandan el retiro del bordo.

La visita se realizó la tarde del pasado miércoles, y a los inspectores los acompañaron el representante legal de la inmobiliaria, Martín Raygosa, y un grupo de vecinos de la comunidad.

Oficialmente, fue una inspección de las medidas de urgente aplicación impuestas al infractor, “los vecinos atestiguamos cómo los inspectores federales vieron las insuficientes medidas y el creciente deterioro del humedal; la presencia abundante de lirio acuático amenaza con desecar parte del humedal que el desarrollador se niega a descubrir o a reconocer como área federal, además de que siguen impidiendo que se conecten las plantas de tratamiento por el bordo histórico reclamando que es su propiedad y evitando que el ayuntamiento haga las acciones para solucionar el problema”, explicó Érik Saracho Aguilar, uno de los vecinos presentes.

La comunidad entregó hace casi un mes una carta firmada por mil moradores, de la tercera parte a la mitad del total, al presidente de la república Enrique Peña Nieto; posteriormente, los primeros días de febrero, la PROFEPA realizó la clausura de la obra, que cuenta con permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), días después notificó que la delegación en Nayarit ya no se ocuparía del asunto, sino empleados de las oficinas centrales, ante el reclamo vecinal por la “tibieza” de los inspectores de Tepic.

Lo cierto es que, tras la visita de este miércoles, se volvieron a ubicar los sellos de clausura, pero no se ha dado un plazo definido para el retiro de las obras, lo que genera desazón entre los pobladores que denunciaron la invasión de la zona federal con una obra permanente que afecta el funcionamiento hidrológico y pone en riesgo a las casa contiguas en caso de alguna tormenta extraordinaria, que se suelen presentar hacia el final del temporal.

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua ha notificado vía oficio que resolverá el problema de la obra en el arroyo (llamado Los Izotes) y que conectará la planta de tratamiento nueva. Sin embargo, un funcionario de la CONAGUA, José Pérez Ramos, reconoció por vía telefónica que “no tiene claras las acciones” a tomar para hacer esto posible.

Lo cierto, agrega Saracho Aguilar, es que, después de 50 días desde que el pueblo detuvo las obras “que les afectan en su patrimonio y seguridad, miles de metros cúbicos siguen rellenos de piedra, escombro y arena”.