A siete años del esfuerzo nacional por mejorar la actuación de los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales, 70% de los mexicanos no confía en ellos, porque los relaciona con actos de extorsión, agresiones físicas, detenciones arbitrarias y acusaciones falsas que llevan a la cárcel a inocentes, revela un estudio que la UNAM presenta este viernes al Senado de la República.
Denominado Percepción del Desempeño de las Instituciones de Seguridad y Justicia. Encuesta Nacional de Seguridad Pública, el estudio elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como parte de la serie Los Mexicanos Vistos Por sí Mismos, indica que la Policía Ministerial es considerada como la más corrupta de los cuerpos policiacos, inclusive por encima de los municipales.
Del total de personas que ha tenido contacto o ha debido relacionarse con algún cuerpo policiaco, 25% señaló que los ministeriales los intentaron extorsionar e incluso fueron sometidos a agresión sicológica.
El 50% de las personas interrogadas por la UNAM, en todo el país, considera que los policías ministeriales, municipales y estatales, son los principales violadores de los derechos humanos.
Después de una larga discusión en el Senado y la Cámara de Diputados, en el segundo semestre de 2008, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en vigor desde enero de 2009, y que tiene como columna vertebral la profesionalización de los cuerpos policiacos en todos los niveles y especializaciones, incluso fijó un plazo para que todas las policías estuvieran certificadas, pero que aún no se ha cumplido.
Ahora, el estudio de la UNAM muestra que, a pesar de ese camino institucional en busca de la profesionalización, la gran mayoría de los mexicanos mantiene su percepción de que los policías son corruptos y agresivos con los ciudadanos; 70% dijo que los cuerpos policiacos sólo protegen sus propios intereses y cuidan a las personas poderosas, pero de ninguna manera a los ciudadanos.
El cuerpo más desprestigiado es la Policía Ministerial, que es la que se encarga de decidir si hay pruebas suficientes para encarcelar o no a un detenido; le siguen los policías estatales y, muy cerca, los municipales, de acuerdo con la encuesta; después están los elementos de la Policía Federal y, muy lejos de todos estos grupos, a pesar de los embates mediáticos en su contra, los militares, que gozan del mejor prestigio entre los ciudadanos.