En el Día Mundial de la Tierra, el Gobierno de México publicó el decreto que promulga el llamado Acuerdo de Escazú, para su entrada en vigor este 22 de abril, convirtiéndose así en el primer tratado ambiental de la región y el único en su tipo a nivel mundial en concretar la protección de los defensores de los recursos naturales y el territorio.
«El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible», establece.
Con la aprobación en el Congreso de Argentina y México, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe alcanzó 12 ratificaciones necesarias para su puesta en marcha.
De esta forma, se crean las herramientas jurídicas para que, por ejemplo, la consulta a la población en autorizaciones de impacto ambiental en megaproyectos, ya no sea opcional sino una obligación del Estado o para que la ciudadanía pueda participar directamente en el ordenamiento del territorio en la gobernanza de áreas naturales protegidas.
En este marco, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), crearon durante marzo y abril, tres subgrupos interinstitucionales para la implementación del Acuerdo de Escazú.
Además de un Grupo de Trabajo del Sector Ambiental, integrado por personal de las unidades responsables de la Semarnat y de sus organismos desconcentrados y descentralizados, quienes están desarrollando hojas de ruta, definiendo acciones, metas, responsabilidades y calendarios orientados a avanzar en el cumplimiento de las disposiciones de este instrumento internacional.
«Con su adhesión al Acuerdo, México ratifica su liderazgo y compromiso con la región latinoamericana y refuerza la garantía en la protección de los derechos de acceso como un derecho humano. El reto ahora es garantizar su pleno ejercicio, generar y asegurar los mecanismos para su adecuada exigibilidad y efectiva aplicación», explicó la Semarnat.