Que magistrados y jueces dejen de proteger a ex funcionarios corruptos: ‘Toño’

Ante presidentes de 28 Tribunales de Justicia de igual número de entidades del país, reunidos en Nuevo Vallarta, el Gobernador Antonio Echevarría García pidió a magistrados y jueces del Poder Judicial de Nayarit que dejen de proteger a ex funcionarios corruptos, “que saquearon al estado y destruyeron sin piedad sus instituciones”, señaló.

Al inaugurar la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), el mandatario nayarita habló del pasado reciente de injusticias que vivieron miles de familias de nayaritas de parte de gobiernos irresponsables, saqueadores y sin compromiso alguno con las causas más elementales de los ciudadanos.

publicidad
Publicidad

“Justicia robada por un ex fiscal hoy interno en una prisión Norteamericana, acusado de narcotráfico, y de quien hoy tenemos certeza que su conducta criminal tenía alcances, entre otros, hacia el secuestro, la extorsión, el desvío de recursos y el uso patrimonial ilegal e ilegítimo de los instrumentos penales a su disposición”.

En presencia del Magistrado Sergio Javier Medina, Presidente de la CONATRIB y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de México, así como del titular del Poder Judicial de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez, el Gobernador relató algunas conductas criminales que agraviaron a más de un millón de nayaritas, cometidas por el ex fiscal, situaciones que no se explican sin la complicidad de jueces y magistrados locales.

“Según reportes de la nueva Fiscalía General del Estado, el papel de guardaespaldas de esos malos servidores públicos es evidente, y absolvieron —por ejemplo— a un ex funcionario del periodo 2005-2011, cuya participación en el desvío de recursos quedó más que demostrada. Hay una evidente y deliberada dilación del proceso contra un ex alcalde capitalino de pésimo recuerdo”, señaló.

Entre otros muchos casos, habló también el mandatario estatal de servidores públicos del mismo periodo, que desviaron más de 89 millones de pesos, y a quienes en principio les impusieron una medida cautelar por ese monto, “pero luego el juez, repentina y misteriosamente, cambió de opinión y la redujo hasta ridículos 200 mil pesos”.

Finalmente, Antonio Echevarría se pronunció a favor de tener tribunales confiables y respetables, legitimados y con credibilidad. “Para que eso suceda, debe de estar desligado de las dinámicas del poder político. Estamos lejos de alcanzar este anhelo, y no seré yo quien retarde aún más ese proceso; pero también que quede bien claro, como Gobernador, tampoco renunciaría a mi derecho de hacer uso de todos los instrumentos que la ley y la política me permitan para cumplirle a los nayaritas la promesa que hice de devolverles la justicia”, sentenció el mandatario.

Casos penales continúan en proceso: Enríquez Soto

Acerca de los comentarios que este viernes hizo el Gobernador Antonio Echevarría García sobre asuntos que son del conocimiento del Poder Judicial de Nayarit, el magistrado presidente Pedro Antonio Enríquez Soto reconoció en primer término la preocupación del titular del Poder Ejecutivo por que se garantice una expedita y eficaz impartición de justicia en el estado.

De igual forma, dio a conocer que en ninguno de los casos penales referidos han terminado los correspondientes procesos ni se han dictado sentencias que impliquen exoneración alguna.

Agregó que jueces de primera instancia y magistrados han resuelto las promociones de las partes conforme a las normas y procedimientos que son aplicables en cada caso, sean del sistema tradicional o el acusatorio.

Enríquez Soto dijo asimismo que dichas resoluciones son recurribles ante la justicia federal, que hasta el momento en ninguno de dichos casos se ha pronunciado por que se modifique lo dispuesto por jueces y magistrados.

Dijo finalmente que en atención a las reglas del debido proceso, el Poder Judicial reitera su respeto al derecho que tienen las partes a realizar las promociones que les permite la respectiva legislación y precisó que es obligado para los juzgadores darles respuesta, de manera fundada y motivada.

Publicidad