Ley del Sistema Local Anticorrupción, Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, son los nuevos ordenamientos que permitirán hacer efectivo este nuevo sistema
Con la finalidad de implementar políticas y estrategias para combatir el fenómeno de la corrupción bajo un sistema de responsabilidad definido, diputadas y diputados integrantes de la Trigésima Primera Legislatura aprobaron en Sesión Pública Ordinaria llevada cabo el 20 de diciembre de 2016, el dictamen unitario con proyectos de Ley del Sistema Local Anticorrupción, Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Estas nuevas normas jurídicas constituyen el andamiaje legal necesario para implementar cabalmente en nuestra entidad el Sistema Local Anticorrupción, en plena armonía con lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Generales en la materia y la Carta Magna de la entidad.
La Ley del Sistema Local Anticorrupción establece principios, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos para establecer, articular y evaluar la política en la materia.
En relación a la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos regula la justicia y el procedimiento administrativo que deben seguir las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de la administración pública paraestatal y paramunicipal, ello bajo los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe, lo cual permitirá cumplir con el compromiso de trabajar en aras de garantizar los derechos de los ciudadanos ante los actos lesivos del poder público.
En lo que respecta a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se trata de una norma que tiene como objetivo fundamental reglamentar la función de fiscalización superior que ordena la Ley fundamental de nuestra entidad, así como establecer las normas de la organización y funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado.
De esta manera, el H. Congreso del Estado reafirma una vez más su firme compromiso con la legalidad, lo que ha de verse reflejado en paz, tranquilidad y bienestar integral para nuestra gente.