Sala Constitucional-Electoral del PJE, modelo a nivel nacional

Así lo aseguró la presidenta de la Sala Regional del TEPJF en encuentro con magistrados y consejeros electorales

De visita en Tepic, la presidenta de la Sala Regional  Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, manifestó que la jurisdicción electoral federal se ha nutrido de las leyes, jurisprudencia y avances locales, y en este contexto el desempeño de la Sala Constitucional-Electoral del Poder Judicial de Nayarit es un modelo a nivel nacional.

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En encuentro con los integrantes de mencionada sala, que preside el magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, y con el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral, la magistrada Soto Fregoso indicó que con la experiencia y conocimiento adquiridos, en el marco de las correspondientes adecuaciones normativas a la respectiva reforma federal “Nayarit tiene la oportunidad de contar con una legislación de vanguardia”.

Añadió que al respecto a nivel local existe un camino andado en temas torales como las candidaturas independientes y la paridad de género, por lo que “hay mucho para el análisis con el fin de abrir el debate sobre la reforma electoral”.

Al inicio del encuentro que tuvo lugar en el salón de sesiones “Prisciliano Sánchez Padilla” del Poder Judicial del estado, el presidente de la institución, doctor Pedro Antonio Enríquez Soto, destacó que el trabajo de la presidenta de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF ha sido ejemplar en el país y se ha caracterizado por una permanente y directa relación con las autoridades electorales de la Primera Circunscripción regional, que es el ámbito de su competencia.

Coincidió con la magistrada Soto Fregoso en la importancia de que se aproveche la experiencia de quienes integran la Sala Constitucional-Electoral, adquirida en dos procesos electorales, en el más reciente de los cuales (2014) se logró el récord de que todas sus resoluciones impugnadas ante los órganos federales competentes fueron confirmadas por éstos.

En su oportunidad, el presidente del Poder Judicial entregó a la magistrada Soto Fregoso un testimonio de reconocimiento a su labor, suscrito por el pleno de la Sala Constitucional-Electoral, que también integran los magistrados Miguel Ahumada Valenzuela, Ismael González Parra, Raúl Gutiérrez Agüero y José Miguel Madero Estrada, quienes previamente coincidieron en destacar la fructífera relación de respeto entre dicho órgano jurisdiccional y la Sala Regional Guadalajara.

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Fideicomiso de Morena no tuvo un uso electoral, asegura INE

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que no hay evidencias que confirmen que el Fideicomiso Por los Demás, de Morena, para apoyar a los afectados del Sismo del 19 de septiembre, haya sido utilizado en las campañas electorales.

En conferencia recordó que el Instituto resolvió la semana pasada sancionar a Morena con una multa de 197 millones de pesos por dicho fideicomiso; no obstante, aclaró que éste no fue usado para los comicios del pasado 1 de julio.

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«Es importante subrayar que no se constató un uso electoral de los recursos involucrados a diferencia por lo planteado por el partido denunciante. No hay elemento que cuestione los resultados de la elección. Estamos ante un caso que no se ajusta a las normas de financiamiento”, afirmó.

Aclaró además que, contrario a lo que había expuesto el partido denunciante, el INE no “jugó” con los tiempos de la investigación para beneficiar electoralmente a Morena, sino que la indagatoria se resolvió según los plazos que la misma requería.

«Actuamos sin filias ni fobias»

Córdova Vianello aseveró que la actuación del INE durante este proceso se apegó a los principios de independencia, por lo que en ninguna decisión “intervienen intereses políticos, económicos ni sociales”.

“La actuación del INE se ha apegado a principios de legalidad, parcialidad e independencia. Su actuación ha sido sin filias ni fobias; es decir, sin sesgos políticos. El INE no aceleró ni retrasó las investigaciones. Rechazamos los señalamientos que indican algún tipo de intencionalidad política de nuestra parte en el sentido de nuestra resolución”, dijo.

Invitó a revisar la resolución del INE sobre este caso, que ya es pública, para “verificar la imparcialidad de las indagatorias”.

Además, aplaudió que Morena se haya conducido por la vía legal, ya que acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la resolución, la cual, dijo, será respetada una vez que sea dada a conocer por los magistrados.

“La resolución del INE ya es pública y puede ser consultada; no obstante, quien no esté de acuerdo, venturosamente puede impugnar ante el Tribunal Electoral. De hecho Morena lo hizo y celebramos que ante las diferencias se haya seguido el cause institucional. Ésa es la arena y no otra donde debe encausarse”, afirmó.

Las empresas de El Chapo

En siete años el capo forjó un imperio de 95 negocios en México; 14 de estas compañías tienen contratos con el gobierno, alertan.

En la noche del 11 de julio, Joaquín Archivaldo El Chapo Guzmán se convirtió en el narcotraficante más buscado del mundo. Por segunda vez burló a las autoridades y se escapó del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en el Estado de México. El gobierno perdió al capo que, de acuerdo con los informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre 2007 y 2014 logró crear una red criminal de 95 empresas en toda la República. De éstas, 14 han tenido alguna relación comercial con el gobierno federal, mediante contratos o concesiones.

Los reportes apuntan a que el Cártel de Sinaloa podría llegar a tener algún tipo de relación con 288 negocios en distintos países.

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Desde 2007, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) puso al descubierto el gran imperio financiero del delincuente. Un total de 25 empresas fueron enlistadas por sus presuntas relaciones con el cártel sinaloense. Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, con tres concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y Estancia Infantil Niño Feliz, que todavía presta servicios para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fueron señaladas como eslabones de la cadena criminal. En 2014 fue la última vez que la OFAC enlistó a compañías mexicanas. En el primer semestre de ese año, ocho negocios fueron señalados por su relación con el narcotráfico.

Agrícola y Ganadera Cuemir, Casa de Empeño Guadalajara, Cooperativa Avestruz Cuemir, Prenda Todo, Producción Pesquera Doña Mariela, Taipen, Comercializadora y Frigoríficos de la Perla del Pacífico y Bona-Habitat, son los últimos nombres que la OFAC ha señalado como parte del emporio del capo.

Las redes de El Chapo se han fortalecido en siete estados de la República, pero el norte del país fue el punto clave que le permitió incrementar su dominio y riqueza.

Sinaloa, lugar de origen del criminal, encabeza la lista. Ahí se encuentran 35 empresas que presuntamente le han servido de fachada. Jalisco es su otro punto fuerte. Ahí radican 17 negocios que, según la información del gobierno de Estados Unidos, han sido utilizados para lavar dinero.

Su poder también se extiende hasta Baja California, Sonora, Estado de México, Morelos y el Distrito Federal. En estos lugares se pueden encontrar desde una hasta 12 empresas que supuestamente sirven a los intereses del capo.

Trabajando con el enemigo

En febrero de 2014 el gobierno mexicano logró recapturar al narcotraficante más buscado del país. Después de 13 años tras su pista, Joaquín El Chapo Guzmán se convirtió en un reo más de El Altiplano. Eric Holder, secretario de Justicia de Estados Unidos, calificó el hecho como un “logro emblemático”. El gusto sólo le duró 17 meses.

Ese mismo mes la OFAC publicó un informe en el que detalló los movimientos empresariales del capo desde 2007 y la forma en la que construyó un emporio. El Departamento del Tesoro tenía plenamente identificadas a las diferentes razones sociales que de algún u otro modo servían a la organización criminal.

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De las 288 empresas que en ese momento fueron enlistadas, 95 son mexicanas y 14 han tenido alguna relación comercial con el gobierno federal. La Estancia Infantil Niño Feliz fue uno de los primeros negocios que la OFAC relacionó con el Cártel de Sinaloa en 2007. El principal motivo fue que María Teresa Zambada Niebla, hija del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, era una de las socias originales de la guardería, junto con otros cuatro miembros de la misma dinastía. Todos siguen en el acta constitutiva.

De acuerdo con el portal de transparencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la estancia tiene dos fechas de inicio de operación, una en noviembre de 2001 y la otra en enero de 2004. Su último contrato lo obtuvo mediante adjudicación directa en los primeros días del año pasado.

En julio de 2009, Daniel Karam, entonces director del IMSS, afirmó que María Teresa Zambada estaba siendo investigada por la Procuraduría General de la República (PGR), como resultado de las acusaciones de EU de que la guardería era utilizada para lavar dinero.

El lugar atiende a 209 niños y recibe tres mil 42 pesos mensuales por cada uno, por lo que el gobierno federal le aporta casi ocho millones de pesos anuales.

Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán también fue enlistada desde el 17 de mayo de 2007 como parte de esta red de lavado, pero dos años antes consiguió un par de permisos del Organismo de la Cuenca del Pacífico Norte, una de las ramas de Conagua, para utilizar un pozo o canal abastecedor de agua para usos industriales. Estas concesiones vencen este año.

En Hermosillo, Sonora, radica otra de las empresas, que a pesar de que las autoridades de Estados Unidos pusieron en duda su honorabilidad en México, continuó con sus labores sin ningún problema. Bioesport entró a la lista de la OFAC el 5 de agosto de 2008, pero tres meses antes obtuvo un contrato, por medio de adjudicación directa, con la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El documento muestra como objeto del contrato “Servicios Educativos y de Capacitación”, y es por un monto de casi 24 mil pesos. Además, en 2011 aún seguía apareciendo como uno de los proveedores del gobierno federal. En marzo de ese año, a pesar de las advertencias del Departamento del Tesoro, la CFE le otorgó un nuevo contrato, por nueve mil pesos.

Un par de compañías que el gobierno estadounidense también relacionó con las operaciones criminales del Cártel de Sinaloa, cuentan con permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para los servicios de mudanzas que realizan, entre otros.

Fletes y Transportes Gaxgar y Aero Express Intercontinental fueron señaladas desde 2008 y 2010 respectivamente. Una fue acusada de lavar dinero para el cártel de El Chapo y la otra de ayudar a la entrega y distribución de narcóticos. Pero de acuerdo con el Portal de Transparencia del gobierno federal, ambas empresas cuentan con el permiso de la SCT para la operación y explotación del servicio de carga por tiempo indefinido.

El negocio de las gasolineras también se ha visto relacionado con este grupo criminal. Desde mayo de 2007 las autoridades de Estados Unidos han reportado que este sector es utilizado por los grupos del narcotráfico.

Sinaloa es el centro de estos negocios. En el estado norteño se localizan las ocho estaciones de servicio que, de acuerdo con la OFAC, han servido para lavar dinero. De ellas, seis tienen franquicias con Petróleos Mexicanos (Pemex) que en algunos de los casos finalizan dentro de 10 años.

Urbanizadora Nueva Italia, ubicada en Jalisco y fichada por la OFAC en octubre de 2012, consiguió desde 2008 una concesión por parte de Conagua para abastecerse de la Cuenca Lerma-Santiago. Este permiso vence en 2018.

Cooperativa Avestruz Cuemir, empresa dedicada a la ganadería en la perla tapatía, también fue señalada por sus vínculos con el cártel en 2014, y desde dos años atrás estaba inscrita en el Directorio de Establecimientos registrados en el Sistema de Tipo Inspección Federal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica).

Las fachadas del narco

Desde empresas de bienes raíces hasta gasolineras son algunos de los ramos en los que ha incursionado el grupo criminal.

En 2002 fue la primera vez que la OFAC enlistó a empresas mexicanas. Diez negocios en Baja California fueron relacionados con el Cártel de los Arellano Félix.

El objetivo principal de los boletines emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es que ningún ciudadano estadounidense realice transacciones financieras o comerciales con empresas relacionadas con narcotraficantes.

De 2007 a la fecha este registro ha puesto a 215 compañías mexicanas bajo la lupa. El 44% han sido ubicadas como parte de la estructura de Guzmán Loera. Hasta mediados de 2014, fecha en la que El Chapo seguía bajo custodia de las autoridades mexicanas, el gobierno norteamericano señaló que el grupo generaba ingresos anuales por tres mil millones de dólares.

Considerado como el director ejecutivo del Cártel de Sinaloa, este capo estuvo cuatro años consecutivos, de 2009 a 2012, en la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Debutó en la posición número 701 y en su última aparición descendió hasta el lugar mil 153.

La mayoría de los negocios con los que ha sido relacionado pertenecen al ramo de bienes raíces. En 2007 fueron enlistadas las primeras compañías de este tipo: Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacán y Sepriv, ambas en Sinaloa, fueron señaladas como parte de su estructura de lavado de dinero.

Un total de 10 empresas inmobiliarias, repartidas en cuatros estados de la República, figuran en el organigrama de este grupo criminal.

Otro de los ramos que tiene mayor predominancia dentro de la red creada por este cártel son las empresas comercializadoras. Nueve compañías de este tipo están dentro de la lista de la OFAC supuestamente por contribuir a las operaciones de lavado de dinero del grupo. Hace ocho años entró la primera a la lista.

El 12 de diciembre de 2007, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fichó a Comercializadora Joana, ubicada en Jalisco. En esa misma fecha, 18 negocios más fueron añadidos a la lista. Sus ubicaciones iban desde Baja California, Sinaloa y el Distrito Federal.

Únicamente Sin-Mex Importadora y Comercializadora Joana fueron objeto de investigación en 2008 por parte de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.

El resto de las empresas que fueron detectadas por los servicios de inteligencia financiera del gobierno de Estados Unidos, y cuyos nombres se incluyeron en la lista de negocios “vedados” para ese país siguieron operando sin problemas en México.