Nayarit innova a nivel nacional con dicha modalidad, siendo una opción para acercar la justicia a zonas alejadas de grandes centros urbanos

Por primera vez desde que entró en vigor el nuevo sistema de justicia acusatorio y oral en nuestro estado y en el país, se efectuó una audiencia pública itinerante, específicamente en la cabecera municipal de Santa María del Oro. Nayarit innova a nivel nacional con dicha modalidad, siendo una opción para acercar la justicia a zonas alejadas de grandes centros urbanos.

Se trató de la audiencia inicial de formulación de imputación en un caso de violencia familiar, y dado que la víctima y el imputado radican en una comunidad rural de Santa María del Oro, para los efectos de acceso de dichas personas a la justicia, personal del juzgado se trasladó a ese municipio y empleó el equipo de cómputo denominado “Sala de audiencias móviles”.

El Poder Ejecutivo estatal adquirió el mencionado equipo por solicitud de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Estado de Nayarit, a fin de facilitar la realización de audiencias públicas en comunidades donde no se cuente con salas de juicio oral y por ende no se disponga de la posibilidad de registrar en audio y video lo que acontece en tales audiencias, lo cual caracteriza al nuevo sistema de justicia, a diferencia del tradicional, en el que de todas las actuaciones debe quedar constancia escrita.

En esta primera ocasión la audiencia pública se efectuó en el auditorio de la unidad administrativa del Ayuntamiento de Santa María del Oro y fue presidida por el coordinador de jueces de oralidad penal, maestro Rodrigo Benítez Pérez, quien escuchó tanto a la víctima y el imputado como a los representantes de la Fiscalía General del estado, los defensores públicos y al asesor jurídico de la víctima.

De igual forma, escuchó a la representante legal en Nayarit de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, licenciada Lucinda Arias Vázquez, quien por ley debió intervenir dado que el imputado es integrante de un grupo étnico, lo mismo que la víctima.

Luego de analizar brevemente lo planteado en la audiencia por dichas personas el juez declaró en contra del imputado el auto de vinculación a proceso y a petición de la Fiscalía le decretó medidas cautelares, por ejemplo que mientras dure el proceso deberá dejar el domicilio que compartía con la víctima y los hijos de ambos, además de que no deberá acercarse a dicho domicilio ni a su pareja; por otra parte, negó la misma restricción respecto a los testigos cuyas declaraciones formaron parte de la correspondiente carpeta de investigación.

Con frecuencia el juez Benítez Pérez se dirigió a la víctima y el imputado para preguntarles si comprendían lo que se trataba en cada parte de la audiencia y ellos respondieron afirmativamente; de igual forma hicieron diversas manifestaciones, también a preguntas expresas del juez.

En su momento, un defensor señaló que el imputado podría optar por un medio alterno de solución al conflicto.

La audiencia pública que fue atestiguada por decenas de personas, entre ellos el alcalde de Santa María del Oro, Procopio Meza Nolasco, terminó al cabo de una hora y 45 minutos.