Votar, obligado derecho

*Para cuestionar a quienes nos gobiernan, al menos hemos de acudir a las urnas a ejercer nuestro obligado derecho de elegir autoridades y convertirnos en parte de tan esencial fallo. Anular nuestra participación electoral es anular nuestro elemental deber ciudadano

Los comicios del próximo domingo ocurren en un tramo crucial de nuestra incipiente democracia. Por un lado, el desengaño de haber constatado que los distintos gobiernos surgidos de los principales enfoques de nuestro espectro político coinciden en un tronco común: las promesas de campaña difícilmente se concretan y la enraizada corrupción confirma ser de naturaleza humana. Por otro lado, estamos en guerra y lamentablemente los aliados de las instituciones —que somos mayoría— la estamos perdiendo. El palpable triunfo parece corresponder a la disidencia magisterial —CNTE y CETEG— apuntalada por intereses de grupos radicales y anárquicos. El gobierno, timorato y carente de oficio ha cedido y concedido a más no poder, llenando las alforjas de esta runfla de chantajistas, engendrando a un envalentonado contrincante cuyo postrero interés es presentarse en las aulas.

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En víspera de la próxima jornada electoral, el sistema educativo nacional ha recibido una severa embestida. Ante la amenaza de la CNTE de boicotear los comicios en estados críticos del país, olímpicamente la SEP emitió un escueto comunicado informando la suspensión indefinida del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en la educación básica y media superior. Ver para creer.

La ilegal, injustificada y subjetiva resolución de la SEP, vulnerando la finalmente alcanzada Reforma Educativa, ha sido firmemente repudiada por la Comisión Permanente del Congreso, la UNAM, el INEE, el Conscee, organizaciones empresariales y sociales, académicos, legisladores, diputados del PAN y PRD —piden la comparecencia y renuncia de Chuayffet— y opinión pública en general. El intento de harakiri de la SEP fue correspondido por la CNTE con su inalterable plan de sabotaje electoral. La intocable Sección 22 de la CNTE en Oaxaca prendió fuego a 11 mil boletas electorales, tomó las once juntas distritales en el estado, bloqueó caminos, las instalaciones del SAT y la planta de almacenamiento de gasolina de PEMEX, así como los accesos al Aeropuerto. Igualmente se produjeron desmanes similares, principalmente en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz y el Distrito Federal. Miembros del Ejército, que resguardaban distintas sedes electorales en Oaxaca, fueron desalojados por embozados miembros de la CNTE armados con palos. El Ejército y su dignidad no pueden ni deben ser expuestos a episodios en que quede en entredicho su autoridad. ¿Alguna duda de que estamos en guerra?

El hecho es que pasado mañana se realizan elecciones intermedias, con un padrón de 83 millones 563 mil 190 ciudadanos, de los cuales se calcula una presencia de alrededor de 38%, es decir, cerca de 32 millones de votantes. El costo aproximado de los comicios —sin contar lo pagado por fuera— oscila en 8 mil 200 millones de pesos, lo que significa un costo de 256 pesos por voto. Distintas encuestas revelan que 50% de los votantes no saben quiénes son sus candidatos, entre los cuales hasta hace un par de días formaba yo parte. Irracional millonada despilfarrada en fatuas campañas de descalificación, olvidando lo más importante: quiénes son los candidatos y qué proponen. Luego de emplearme a fondo y con acopio de paciencia, averigüé quiénes son los distintos candidatos a diputados federales y locales, así como a delegado político de mi jurisdicción. A la gran mayoría no los conozco y en internet aparece en blanco la información sobre sus respectivas trayectorias y propuestas. Lo lamento, porque considero que en la presente coyuntura influye más el candidato que el partido que representa. Ningún partido político cumplió a cabalidad con el exhorto del INE de presentar los perfiles curriculares de sus candidatos en la página Candidatas y candidatos: Conócelos. Las presentes campañas se distinguieron por ser altamente costosas, sin lograr comunicar adecuadamente al electorado el perfil de los distintos candidatos, por abusar en tiempo y número de spots publicitarios, con mínimo contenido y exceso de lenguaje vulgar. No existen motivos para suponer que en la próxima camada de funcionarios electos habrá una mutación de capacidad y valores éticos. Sin embargo, de esta elección podría surgir un gobernador independiente, indudable testimonio de que por encima de los partidos y gastos de campaña quedan los atributos personales del candidato. Y, de no ser ahora, será en la próxima.

No anulemos nuestro elemental deber ciudadano, ejerzamos nuestro obligado derecho a votar.

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