Álvaro Córdoba Pérez, exdirector administrativo del Seguro Popular en Jalisco, fue detenido en un operativo la noche del miércoles pasado, acusado junto con otros tres exfuncionarios del delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

El Juzgado Noveno de lo Penal obsequió la orden de aprehensión tras una denuncia que presentó la Contraloría del estado por irregularidades detectadas en el manejo del Seguro Popular por un monto de 326 millones 545 mil 600 pesos. Presuntamente Córdoba Pérez firmó contratos sin tener atribuciones legales para hacerlo.

En total se giraron cuatro órdenes de aprehensión y Córdoba Pérez es el principal señalado en las investigaciones, en particular por la subrogación a hospitales particulares.

Álvaro Córdoba estuvo al frente del Seguro Popular durante la administración del panista Emilio González Márquez y ya fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, el cual lo pondrá a disposición del juez penal José Luis Escamilla.

Además, existen órdenes de aprehensión en contra de tres exfuncionarios más del Seguro Popular: José Luis Gómez Quiñones, exdirector general; José Ángel Orozco García, y Fidel Ortega Robles.

Gómez Quiñones fue el primer director del Seguro Popular en la administración estatal, pero dejó el cargo para someterse a una investigación por parte de la Contraloría, dependencia que encontró irregularidades en la compra de cuneros para la maternidad Esperanza López Mateos.

Orozco García fungió como secretario ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones y Enajenación de la Secretaría de Salud Jalisco, en tanto que Ortega Robles fue director jurídico de la Secretaría de Salud en la entidad.

El delito por el que se sigue es desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades por 326 millones de pesos.

Córdoba Pérez es el tercer exfuncionario detenido por la administración estatal en curso. Antes de él, la Fiscalía del Estado arrestó a Rodolfo Ocampo Velázquez, quien encabezó el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) entre el 2007 y 2009.

Fue detenido después de comprobarse un desvío de fondos de un préstamo internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que originalmente tendría que ser destinado al programa “Todos con Agua”.

El lunes pasado, y tras salir en libertad por una ausencia de “sellos”, la FGE detuvo al exsecretario general del Congreso local, Luis Octavio Pérez Pozos, justo cuando iba a ofrecer una conferencia de prensa para denunciar que era víctima de una “persecución política”.

Fue llevado a prisión por un señalamiento inicial de enriquecimiento ilícito, pero el miércoles por la mañana se le abrió un nuevo expediente por el delito de fraude genérico.