El sistema financiero mexicano mantiene bloqueadas a 620 personas físicas y morales por su presunta relación con el terrorismo internacional, principalmente con el grupo Al-Qaeda y talibanes, pero también aparece uno de los dirigentes del Estado Islámico (EI).

De acuerdo con un listado actualizado al 6 de abril de 2015, entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito, México no permite realizar transacciones bancarias a algunos personajes y a empresas de Iraq, Irán, Uganda, Bosnia, Corea del Norte y República Democrática del Congo, entre otras naciones.

Entre los individuos más conocidos de la lista se puede identificar a tres de los “terroristas más buscados” por el Federal Bureau of Investigation (FBI): Isnilon Totoni Hapilon, Abdul Rahman Yasin y Saif al-Adel.

La información proporcionada forma parte de una lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en ella aparecen bancos, constructoras, universidades, fundaciones de beneficencia, empresas armamentistas y nucleares.

De acuerdo con el Consejo de Seguridad de la ONU, Totoni Hapilon fue incluido en la lista el 6 de diciembre de 2005 como persona asociada con Al-Qaeda, Osama Bin Laden o los talibanes, por participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos ejecutados por el grupo Abu Sayyaf.

Sobre él, el FBI afirma que fue acusado en el Distrito de Columbia por su presunta participación en actos terroristas contra ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros en los alrededores de la República de Filipinas. Hapilon supuestamente sirvió como segundo al mando de la organización terrorista de Abu Sayyaf. Este grupo armado presuntamente tomó como rehenes a ciudadanos extranjeros y cometió actos violentos en contra de ellos.

Rahman Yasin fue incluido en la lista el 17 de octubre de 2001, por participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutadas por Al-Qaeda, Osama Bin Laden y los talibanes, o realizadas bajo su nombre, junto con ellos o en apoyo de ellos, por suministrar, vender o transferir armas y municiones.

Según el FBI, Rahman Yasin es buscado por su presunta participación en un atentado terrorista en el World Trade Center, en la ciudad de Nueva York, el 26 de febrero de 1993, que dejó seis muertos y centenares de heridos.

A Saif al-Adel, Estados Unidos lo acusa de participar en los bombardeos a las embajadas de ese país en Dar es-Salaam, Tanzania, y en Nairobi, Kenia, sucedidos el 7 de agosto de 1998.

También se puede ubicar a Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili, uno de los líderes del Estado Islámico. Él fue “fichado” por la ONU el 23 de enero de 2015 por estar asociado con Al-Qaeda y participar “en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por el Estado Islámico de Iraq y el Levante (…), se le relaciona con el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo [a esos grupos]”.

La información fue entregada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en un principio se había negado a proporcionar los documentos —reservándolos por 12 años—, aludiendo a la “seguridad nacional”. Sin embargo, tras analizar las razones de la dependencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó su entrega.

El pasado 23 de noviembre se difundió un video en redes sociales titulado Sin tregua, que fue atribuido al Estado Islámico. En éste se amenaza a 60 países catalogados dentro de la Coalición Global contra el EI, grupo dentro del que ubican a México.

La advertencia fue tomada con humor por usuarios de redes sociales. Sin embargo, eso no debe ser visto con ligereza, explica Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de la Universidad de las Américas Puebla.

“México no puede eliminar la hipótesis del terrorismo internacional, y de que en algún momento podamos ser sujetos de ser utilizados como plataforma o como lugar para atentar contra objetivos de otros países o contra objetivos nacionales. Sin embargo, la probabilidad, hasta el momento, es baja”, comenta.

El profesor, experto con más de una década en temas de terrorismo y seguridad nacional en diversas instituciones civiles y militares mexicanas, explica que los países están obligados a cortar las operaciones terroristas, y para eso necesitan acotar sus facilidades terrestres, identificar a los financiadores privados, lograr la coordinación de inteligencia internacional y, sobre todo, cortar los modelos de flujo bancario a través de personas físicas o morales.

“México, a diferencia de otros países, no es un paraíso de recepción de este tipo de cuentas; sin embargo, el sistema de Naciones Unidas no se puede dar el lujo de que los Estados, por más pequeños o grandes que sean, no atiendan la responsabilidad de cortarle los espacios de impunidad al financiamiento de terroristas o a sus cuentas financieras en el exterior”, menciona.

Esos modelos de rebotes económicos a través de cuentas falsas, afirma el experto, buscan un único objetivo: subsistir. “Quienes son sus partidarios [de los terroristas], sus financiadores, tienen que lavar el dinero a través de cuentas bancarias en otras partes del mundo. El dinero se usa para sobrevivir en la clandestinidad, comprar casas de seguridad y acceder a armamentos o explosivos. Es por eso que se da seguimiento a las cuentas en el exterior, a las de ellos o a las de quienes les ayudan”.

Los donantes de terroristas son, en buena parte, personas que obtienen dinero lícito, pero que creen en las causas que apoyan. Y para ocultar el traspaso de activos ante el respaldo de una actividad ilícita lo que han hecho es crear fundaciones de caridad, orfanatos, escuelas y empresas o instituciones que con el tiempo puedan usar una parte de los recursos para comprar, por ejemplo, armamento, añade el especialista.

Para Raúl Benítez Manaut, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, es muy importante que el gobierno de México se sume a las acciones internacionales que se están realizando contra el terrorismo, que no sólo son militares.

“Con ello México hace parte activa de un sistema internacional de seguridad y muestra solidaridad con una comunidad de naciones a las que pertenece. Ello quiere decir que somos aliados de Estados Unidos y los países europeos, y hay que colaborar con ellos en cuestiones de inteligencia financiera y otras medidas como seguridad fronteriza”, destaca el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En cuanto a empresas o instituciones, el gobierno mexicano tiene en su lista de bloqueos, por ejemplo, a la Fundación Benéfica Al-Haramain, con sedes en Indonesia, Pakistán, Somalia, Kenia y Tanzania, entre otros países, por hallarse asociada con Al-Qaeda, Osama Bin Laden o los talibanes, y por participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al-Qaeda.

También está la Benevolence International Foundation [Fundación Internacional de Benevolencia], que se presenta como una organización sin fines de lucro para llevar ayuda humanitaria a diversas partes del mundo, con operaciones en Bosnia, Chechenia, Pakistán, China, Rusia y otras naciones, pero que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ubicado como una organización de apoyo terrorista.

En la relación hay al menos un par de bancos, como el Bank of East Land, que, según Naciones Unidas, fue incluido en la lista el 22 de enero de 2013 “por participar en programas de la República Popular Democrática de Corea relacionados con actividades nucleares, otras armas de destrucción masiva y misiles balísticos, o prestarles apoyo incluso por otros medios ilícitos”.

También está el banco iraní Bank Sepah, que fue clasificado por el Departamento del Tesoro de EU como “el eje financiero de la red de suministro de misiles de Irán y ha ayudado activamente a la búsqueda de misiles capaces de transportar armas de destrucción masiva”.

El listado incluye también a la Universidad Malek Ashtar que, según el Departamento de Estado de EU, es parte del sistema de proliferación de misiles en Irán.

A la par se hallan bloqueadas en México y en buena parte del mundo las cuentas de la Organización de Energía Atómica de Irán y el Grupo Industrial de Misiles de Crucero, también conocido como Grupo Industrial de Misiles de Defensa Naval.

Finalmente, entre los personajes bloqueados en México aparece Jean-Marie Lugerero Runiga, líder del Movimiento 23 de Marzo (M23), un grupo rebelde militar que opera en algunas áreas de la República Democrática del Congo.

“El 31 de diciembre de 2012, el Comité del Consejo de Seguridad [de Naciones Unidas], establecido en virtud de la resolución 1533 (2004), relativa a la República Democrática del Congo, incluyó en su lista de personas y entidades sujetas a sanciones al teniente coronel Eric Badege y a Jean-Marie Lugerero Runiga, del M23.

“Ambos fueron designados para ser incluidos en la lista sobre la base de vulneraciones graves a los derechos humanos. El comité designó también al M23 por cometer actos de violencia, incluida la sexual, contra la población civil de la República Democrática del Congo”, indica el documento entregado por la Secretaría de Hacienda